Conflictos
14.09.2010 09:21
MÉXICO
La insurreción por la dignidad
Por MARTA ARROYO
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Acabar con la marginación histórica de los indígenas del Estado de Chiapas fue la razón que esgrimió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para declarar la guerra al Gobierno Federal de México. Una década después, el conflicto continúa abierto.
Pese a ser un Estado rico en recursos naturales y en petróleo, un 34% de las viviendas chiapanecas carece de electricidad y el agua corriente sólo llega al 57%. El índice de analfabetismo ronda el 30% y los muertos por desnutrición y falta de atención médica superan los 100.000 anuales. La situación de los indígenas, que constituyen el 30% de la población (un millón de personas), se ha agravado en los últimos años. La bajada del precio del café, la reforma agraria y los acuerdos comerciales, amenazan su forma de vida.
Ante esta situación de desamparo, el 1 de enero de 1994, 2.000 guerrilleros indígenas encabezados por Rafael Sebastián Guillén, alias el 'Subcomandante Marcos', ocupan cuatro cabeceras municipales de Chiapas. Exigen democracia, justicia y paz.
Después de 12 días de guerra, el Gobierno declara el alto el fuego e inicia el diálogo con el EZLN, bajo la mediación del obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz. Sin embargo, los zapatistas rechazan sus propuestas porque no se ajustan a sus demandas y ocupan otras 38 cabeceras para obligar al Ejecutivo a tomarles en serio.
A comienzos de 1995, se crea la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) presidida por Samuel Ruiz. Pero a la primera reunión, el Gobierno envía al Ejército, que lanza una ofensiva y se instala en varias comunidades, aunque no logra capturar a los dirigentes zapatistas. Ante el fracaso del operativo, el Congreso aprueba la 'Ley para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas' y se forma la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), para facilitar las negociaciones.
Tras diez meses de diálogo, el 16 de febrero de 1996 se firma en San Andrés Larraínzar un acuerdo sobre Derehos y Cultura Indígenas, que reconoce la autonomía y la libre determinación de estos pueblos. Ante las insalvables diferencias que impiden continuar las negociaciones, ambas partes acuerdan que la COCOPA elabore una iniciativa de ley para integrar en la Constitución los acuerdos ya firmados y se comprometen a aceptarla tal cual. Pero el Gobierno presenta una contrapropuesta que modifica su contenido. Esto provoca numerosas movilizaciones zapatistas que dan lugar a una fuerte represión que culmina con la matanza de 45 campesinos en la localidad de Acteal.
Una oportunidad para la paz
En los dos años sucesivos aumentan los operativos militares y en 1999, el EZLN organiza una consulta Nacional "por el reconom¡cimiento de los pueblos indios", en la que participan 2,5 millones de personas.
La histórica derrota del PRI, en las eleciones de julio de 2000, y la llegada al poder de Vicente Fox abrió la puerta a la esperanza, pero la ilusión duró poco. Dos meses después, se aprueba una ley sobre cultura y derechos indígenas que no recoge sus principales reivindicaciones.
El 2 de diciembre de 2000, después de un largo silencio, el EZLN reafirma su disposición al diálogo y convoca una 'Marcha por la dignidad' a la Ciudad de México, para convencer al Congreso de que legisle en favor de la iniciativa sobre Derechos y Cultura Indígena, elaborada por la COCOPA.
En un hito histórico, los indígenas hablan en el Congreso. Pero su voz no es escuchada. Después de este fracaso, el EZLN se repliega a la selva, se declara en resistencia y continúa ocupando tierras y estableciendo municipios autónomos, al margen de los gobiernos estatal y federal.
Las elecciones de 2006 pusieron fin al interminable silencio que había caracterizado al subcomandante durante los años siguientes al fracaso en el Congreso, y los zapatistas volvieron a irrumpir en la vida política con el 'Zapatour 2'.
Durante toda la campaña, los índices de popularidad de Marcos, ahora Delegado Zero, estuvieron bajo mínimos. A pesar de sus esfuerzos y críticas a los principales partidos políticos, no logró centrar la atención de los mexicanos y la causa indígena desapareció de los mítines.
López Obrador y Calderón acapararon todas las miradas en unas elecciones que muchos califican de fraudulentas y en las que el candidato del PAN (Calderón) obtuvo la víctoria por un puñado de votos. El subcomandante, que ha cambiado la selva por un elegante apartamento a las afueras del Distrito Federal, aseguró que los comicios habían sido un fraude y que López Obrador era el verdadero ganador.
COLOMBIA
Noticia de un secuestro
Por SONIA APARICIO
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El título de la novela de Gabriel García Márquez sobre el secuestro real de 10 personas ordenado por Pablo Escobar recoge la esencia del drama que vive su propio país. Porque Colombia es una nación secuestrada. Tres ejércitos ilegales, el negocio del narcotráfico y la delincuencia común hacen de esta república suramericana uno de los lugares más peligrosos del mundo. El conflicto, que dura ya cuatro décadas, arroja un balance estremecedor: sólo desde 1985, más de 60.000 muertos y 4.000 desaparecidos, además de los casi tres millones y medio de desplazados que han abandonado sus hogares para escapar de extorsiones, chantajes, secuestros y asesinatos. Sin olvidar el drama de los más de 11.000 niños soldado —una de las cifras más altas del mundo— que, según Human Rights Watch, combaten en uno u otro bando.
Las dos principales guerrillas izquierdistas (FARC y ELN) y los paramilitares que las combaten (AUC) han convertido las zonas rurales en un territorio sin ley que escapa a las fuerzas de seguridad del Estado, mientras el clima de violencia generalizada ha favorecido el desarrollo de la delincuencia común en las áreas urbanas. Muchos de los desplazados se han instalado en los suburbios de grandes ciudades —popularmente llamados «invasiones»—, donde malviven en pésimas condiciones sanitarias y sociales, pero logran, al menos, escapar de la violencia de guerrilleros y 'paracos'. Un informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) cifra en cerca de 290.000 el número de desplazamientos forzados durante el año 2004; más de 150.000 en el primer semestre de 2005. Y el conflicto 'salpica' también a los países vecinos: Ecuador, Panamá y Venezuela han acogido, desde el año 2000, cerca de 500.000 refugiados colombianos, según ACNUR.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) surgen en la década de los 60, ante la creciente demanda de un reparto más equitativo de la riqueza y de la tierra, en un país donde siempre han existido grandes diferencias entre una oligarquía acomodada y los sectores más desfavorecidos. Cuando en los 80 empiezan a perder el apoyo del pueblo, recurren a extorsiones y secuestros —«retención revolucionaria», según la guerrilla— para financiarse. Industriales y narcotraficantes amenazados empiezan entonces a financiar milicias paramilitares, agrupadas después en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Acusadas de actuar con la 'complicidad' del Ejército colombiano, las AUC han sido responsables de numerosas masacres contra civiles 'sospechosos' de colaborar o pertenecer a la guerrilla. En julio de 2003, el Gobierno de Álvaro Uribe y las AUC acordaron el desarme gradual de los paramilitares. El proceso comenzó en julio de 2004 y se dio por concluido en abril de 2006. Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el número total de paramilitares desmovilizados llegó a 31.671, pero lo cierto es que algunos grupos no se han desmovilizado completamente y siguen manteniendo su poder e influencia en algunas zonas.
Todos los bandos se nutren principalmente con dinero del narcotráfico —ya sea por el impuesto revolucionario que imponen a los narcos o por la explotación de los cultivos de coca que existen en sus zonas de influencia—, y de las extorsiones y los secuestros tanto de extranjeros como de nacionales. Se conocen casos de civiles retenidos para trabajar en las plantaciones de coca; incluso pequeños delincuentes realizan secuestros en las zonas urbanas para 'cobrar' después su presa a la guerrilla. Una de las prácticas más temidas es la 'pesca milagrosa': el 'abordaje' de coches en carreteras solitarias, donde los rebeldes seleccionan sus rehenes según la marca del coche, sus tarjetas de crédito y su aspecto pudiente o acento extranjero.
Veinticinco años de negociaciones
El proceso de paz, iniciado en 1983 bajo la presidencia de Belisario Betancur, vivió uno de sus momentos más optimistas en 1998, año en que el presidente Pastrana y el jefe de las FARC, Manuel Marulanda alias 'Tirofijo', se sentaron cara a cara para relanzar las negociaciones. Un año después nacía el Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico —financiado, principalmente, por Colombia, EEUU y la UE—, un proyecto integral para hacer frente a 'los señores de la droga' e impulsar el desarrollo económico y social del país; una «excusa», según la guerrilla, para permitir a EEUU intervenir en el conflicto. Las negociaciones quedaron suspendidas en febrero de 2002, después de que la guerrilla iniciara una oleada de atentados y secuestrara un avión comercial.
Las FARC se negaron durante años al diálogo mientras no se desarmara a los grupos paramilitares. Sin embargo, la violencia continuada durante las dos últimas décadas, incluso en las épocas de mayor acercamiento, plantea dudas de que los distintos grupos implicados realmente voluntad de abandonar las armas, pues más allá de las ideologías fundacionales, la violencia se ha convertido en una forma de vida difícil de erradicar. Lo demuestran los múltiples enfrentamientos y secuestros (incluido el del español Asier Huegun, liberado en noviembre de 2003) que se han seguido produciendo en los últimos años.
En este callejón sin salida, el regreso a la vida civil de Salvatore Mancuso, líder de las AUC —que abandonó oficialmente las armas en diciembre de 2004—, dio un pequeño soplo de aliento a un proceso de paz que llevaba años en punto muerto. La Ley de Justicia y Paz, aprobada en junio de 2005, no ha estado exenta de polémica. Para los partidos de la oposición y para muchas ONG y organizaciones de defensa de los derechos humanos, el 'indulto' que ha ofrecido esta ley a todos aquellos que se han comprometido a abandonar la lucha —un máximo de ocho años de reclusión en centros alternativos a las cárceles para los autores de delitos de lesa humanidad que confiesen sus crímenes, y abandonen las armas— dejará impunes crímenes atroces. Además, la desmovilización puede haber resultado parcial e incompleta: Human Rights Watch asegura que existen «nuevas agrupaciones armadas ilegales conformadas por paramilitares no desmovilizados o rearmados».
Con el presidente venezolano Hugo Chávez como mediador, Clara Rojas y Consuelo González de Perdomo fueron liberadas en enero de 2008. Un mes después, otros cuatro rehenes fueron puestos en libertad. El 1 de marzo, el número dos y portavoz de las FARC, Raúl Reyes, y otros 16 guerrilleros eran asesinados en una incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano, lo que provocó una grave crisis diplomática entre Ecuador, Venezuela y Colombia que se zanjó días después en la Cumbre del Grupo de Río. En mayo, la noticia de la muerte de Manuel Marulanda, fundador y nº 1 de las FARC, alentaba las esperanzas de quienes esperan desde hace años un debilitamiento del principal grupo guerrillero del país. Cuatro meses depués, la ex candidata presidencial Ingrid Bentacourt, secuestrada el 23 de febrero de 2002, y otras 14 personas eran rescatadas por el Ejército colombiano de su cautiverio en la selva.
La gestión de Álvaro Uribe ha recibido el respaldo mayoritario de los colombianos: tras modificar la Carta Magna para poder optar a la reelección, Uribe revalidó el cargo en mayo de 2006 con más del 60% de los votos, un resultado aún mejor que el que le llevó al poder en 2002. Uribe no ha querido negociar el intercambio de guerrilleros por rehenes políticos, y el golpe asestado a las FARC —el mayor en cuatro décadas— con el rescate militar de Ingrid Betancourt hace pensar a los colmbianos, y al resto del mundo, que el fin de la guerrilla está hoy más cerca.
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